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LOS PODERES EJECUTIVOS DEL BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

Xabier Arzoz Santisteban

Letrado del Tribunal Constitucional

Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad del País Vasco

El § 35 BVerfGG [Ley que regula el Bundesverfassungsgericht o Tribunal Constitucional Federal alemán (TCF)] establece lo siguiente: “El Tribunal Constitucional Federal puede determinar en su decisión el órgano responsable de la ejecución; también puede establecer en el caso concreto la forma de la ejecución.”

Los supuestos que en aplicación del § 35 BVerfGG ha abordado la jurisprudencia del TCF se pueden clasificar en cuatro grandes grupos:

  1. El otorgamiento de tutela judicial hasta que el órgano judicial al que se remite el asunto tras la estimación del recurso de amparo dicte una decisión constitucionalmente conforme.
  2. La panoplia de consecuencias jurídicas derivada de la prohibición de partidos.
  3. La posibilitación de una nulidad diferida (esto es, la preservación temporal de la eficacia) en normas declaradas inconstitucionales y el consiguiente plazo fijado al legislador y la determinación, en su caso, de las eventuales consecuencias en el caso de que el legislador no cumpla el plazo.
  4. La creación de reglas transitorias en decisiones de control de normas que expulsan normas del ordenamiento.

La doctrina considera que el ámbito de aplicación del § 35 BVerfGG no reside en la ejecución en sentido clásico, sino en la regulación de las consecuencias [Folgenbewältigung]: la eliminación de las consecuencias que han tenido las medidas declaradas inconstitucionales y el mantenimiento, en su caso, de las situaciones de confianza legítima que deben respetarse. Se considera correcto que el TCF se haya separado del concepto dogmáticamente más estricto de ejecución propio de las leyes procesales ordinarias.

La determinación de las consecuencias de una declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional son, en principio, competencia del legislador: de ahí que se suscite a menudo, y con vehemencia, la discusión sobre el respeto a la división de poderes. No obstante, un determinado sector doctrinal señala que el problema de la ejecución que ordena el § 35 no estriba principalmente en la relación entre jurisdicción constitucional y legislación, sino en las relaciones vitales que regulan las normas expulsadas del ordenamiento jurídico y que, con frecuencia, no pueden esperar a que el legislador adopte una nueva regulación respetuosa con el fallo del TCF.

El § 35 BVerfGG no especifica la forma de la ejecución (aunque determinadas consecuencias están ya contempladas en los procedimientos específicos regulados por la misma Ley [§§ 39, 46 y 79]). La forma de la ejecución depende de la parte dispositiva de la decisión de fondo, que es un problema de Derecho material. Se considera que tienen cabida todas las medidas necesarias para crear aquellas situaciones que se requieren para realizar el derecho hallado por el TCF; entre ellas se incluyen las medidas típicas de la ejecución forzosa (ejecución subsidiaria, compulsión sobre las personas, etc.), si se trata de ejecución en sentido estricto.

Se considera que, si bien el TCF está vinculado a la Constitución, a la Ley y al Derecho, el poder de ejecución que contempla el § 35 no se limita estrictamente a lo establecido en la Constitución y en las leyes, pues las consecuencias de un comportamiento inconstitucional solo de forma muy limitada pueden regularse de forma negativa (nulidad, etc.): algunas consecuencias de la inconstitucionalidad tienen que valorarse de forma positiva.

Cualquier medida de ejecución requiere una decisión previa sobre el fondo. Antes de la decisión de fondo no cabe medida de ejecución alguna, solo medidas cautelares.

La decisión sobre la ejecución se debe adoptar en la parte dispositiva de la decisión de fondo; aunque, a instancia de parte o de oficio, se admite que esa decisión sea complementada por una resolución posterior. Esa resolución posterior no puede cambiar, modificar, completar o ampliar la decisión de fondo a cuya ejecución sirve.

El § 35 BVerfGG no prescribe un procedimiento específico para ejecutar las decisiones del TCF: el propio Tribunal ha afirmado que ello es deliberado, “con la finalidad de dejar plena libertad para que el Tribunal alcance lo exigido de la forma más objetiva, rápida, adecuada, simple y eficaz posible en cada caso”.

A diferencia los precedentes históricos, el titular de la potestad de ejecución es el propio TCF, el cual puede ordenarla él mismo o encomendársela a otro órgano (federal, estatal o local), pudiendo en este segundo caso determinar la forma de ejecución en el caso concreto. El TCF no tiene su propio aparato de ejecución, por eso necesita el auxilio de la capacidad ejecutiva de otros órganos del Estado. Estos órganos están obligados a proporcionársela, no por una vaga obligación de lealtad institucional o federal, sino, justamente, por lo que lo establece el § 35.

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