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Motivación de las resoluciones de inadmisión en la nueva casación contenciosa (I): constitucionalidad abstracta de la nueva regulación

Una de las claves del nuevo sistema casacional está en el peculiar régimen de motivación de las resoluciones de admisión o inadmisión, que corresponden a la nueva Sección Primera de la Sala. Las admisiones se acuerdan por auto, siempre motivado. Las inadmisiones se acuerdan normalmente por providencia (el auto de inadmisión está reservado para los supuestos tasados de los arts. 88.3 y 89.5 LJCA), con la especial forma de motivación que dispone el art. 90.4 LJCA. De cómo se aplique en la práctica el nuevo régimen de motivación –en especial, la motivación de las providencias de inadmisión- va a depender, en gran medida, el propio sistema casacional. De entrada hay que precisar que no hay contradicción entre el carácter discrecional de la decisión de admisión (o inadmisión) y la exigencia de motivación más o menos extensa. Pues el carácter discrecional de la admisión se refiere a la remisión que la ley procesal hace al tribunal para el régimen legal de la admisión. En cambio, la motivación se refiere a la justificación de dicha decisión, aun siendo libre o no vinculada por criterios legales. En otros términos, el arbitrio o discrecionalidad judicial opera en un plano lógico distinto y compatible con el de la motivación.

Tenemos, en primer lugar, que con carácter general la inadmisión se acuerda (por la Sección Primera), por medio de providencia (art. 90.3 y 4 LJCA). De acuerdo con el régimen procesal general, la motivación de las providencias no es imperativa (art. 248.1 LOPJ). Pero esta falta de imperatividad en la motivación parte de la premisa implícita de que la providencia es, por definición, una resolución para la “ordenación material del proceso” (art. 245.1 LOPJ). De ahí que el régimen de motivación de la providencia pueda ser parcialmente distinto cuando la ley procesal atribuye una función distinta y más cualificada a la providencia, como es la decisión de admitir o no a trámite un recurso. Tenemos, en este sentido, que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional las providencias en las que se exprese una opción decisoria del órgano judicial han de ser motivadas. Según esto, allí donde la ley procesal asigna a la providencia un poder decisorio cualificado, tal resolución ha de ser, necesariamente, motivada. Poco importa ahora que la forma y grado de la motivación pueda configurarse directamente en la ley procesal o deducirse directamente a partir de la jurisprudencia constitucional ex art. 24.1 CE. En el caso recurso de casación contencioso, el art. 90.3 a) LJCA prevé -como régimen general- que la inadmisión se acordará por providencia. Y sobre el contenido de dicha resolución, el art. 90.4 LJCA precisa que “las providencias de inadmisión únicamente indicarán si en el recurso de casación concurre una de las siguientes circunstancias (…)”. De las cuatro “circunstancias” a las que alude el precepto, las tres primeras se refieren al cumplimiento de requisitos procesales objetivos y la cuarta es la “carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”. Según esto, la motivación consiste en precisar si la inadmisión se debe a un defecto procesal o a una consideración de fondo (la falta de “interés casacional objetivo”). La motivación podría consistir, en consecuencia, en precisar que la inadmisión no se fundamenta en un defecto procedimental (plazo, falta de legitimación, por ejemplo), sino en el contenido mismo del litigio.

En una consideración abstracta, se puede afirmar que la motivación por simple referencia a la falta de “interés casacional objetivo” es conforme con el art. 24.1 CE. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el deber de motivación se refiere a las “razones que permitan conocer cuáles hayan sido los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla”. De otro lado, lo que exige el art. 24.1 CE es sólo una motivación “suficiente”, no necesariamente exhaustiva. En principio se puede afirmar que cuando el art. 90.4 d) LJCA) impone que la providencia de inadmisión indique –con más o menos enunciados explicativos- si tal decisión se debe a la “carencia de interés casacional objetivo” (y no a un defecto procesal de los mencionados en el art. 90.4 a), b) y c) LJCA) está garantizando en abstracto el derecho fundamental del recurrente a una resolución de inadmisión fundada en Derecho. La “carencia de interés casacional objetivo” sería en sí misma la “razón” que explica la decisión de inadmisión. Para llegar a esta conclusión hay que tener en cuenta tres argumentos:

a) En primer lugar, dado que el derecho del art. 24.1 CE rige con intensidad atenuada en relación con los recursos de casación, también el grado de motivación de una resolución que impide el acceso a la casación puede ser menos intenso que el exigible para una resolución de acceso a la jurisdicción.

b) De otro lado, la motivación de una causa legal de inadmisión ha de ser lógicamente coherente con el propio sentido o finalidad de dicha causa. En este sentido, es innegable que la exigencia de motivación ex 24.1 CE exige “un razonamiento concreto que ponga en relación le hecho concreto con la norma que al mismo se aplica” (STC 122/1991). Pero justamente cuando la norma remite al órgano judicial la propia definición del supuesto de hecho de la admisión, como ocurre en los supuestos del art. 88. 1 y 2 LJCA, entonces la el “razonamiento concreto” consiste precisamente en explicitar que el concreto recurso interpuesto no ha generado una apreciación positiva de interés casacional por parte de la Sección de Admisión. Esto es: siendo una opción legítima del legislador la atribución a la Sala Tercera de la facultad de apreciar, conforme a su propio criterio, el posible interés objetivo de un recurso (para la formación de jurisprudencia), es legítimo que la ley configure el deber de motivación como una sencilla indicación sobre la falta de interés suficiente del asunto, desde una perspectiva objetiva o de interés general. Desde luego, nada es exigible, en términos de motivación, respecto de la relevancia subjetiva de la infracción jurídica o jurisprudencia que denuncia el recurrente.

Cuestión distinta es que la “indicación” de la carencia de interés casacional objetivo -a la que se refiere el art. 90.4 d) LJCA- admite en la práctica jurisdiccional diversos niveles o grados de precisión o argumentación. Pues, si bien la “razón” de la inadmisión es la “carencia de interés casacional”, y eso es lo que el art. 90.4 d) LJCA exige que se enuncie expresamente en la providencia de inadmisión, los mayores o menores argumentos sobre dicho motivo o razón dependerán de las características de cada concreto caso y recurso de casación. En otra próxima entrada de este blog me referiré a estos posibles niveles o grados de motivación.

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