Sobre la litigiosidad “contencioso-administrativa” en los Estados Unidos

Recientemente, desde la creación en el Ministerio de Justicia de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación para la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (2011), se ha empezado a prestar atención a los datos de litigiosidad contencioso-administrativa comparada. El informe elaborado por aquella Sección Especial mostraba que los datos de litigiosidad contenciosa en España son muy superiores a los de Inglaterra (con Gales) y Alemania. También son superiores, aunque en menor proporción, a los de Francia.

Siguiendo esta senda comparativa, en el CIJA hemos intentando cotejar también los datos de España (referidos a 2013, último año con estadísticas judiciales elaboradas) con los de los Estados Unidos de América.

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Los “Administrative Law Judges” norteamericanos: imparcialidad administrativa y control judicial

Hace ahora aproximadamente un año, la Sección Especial para la reforma de la Jurisdicción Contenciosa, creada en la Comisión General de Codificación (Ministerio de Justicia), puso de relieve la alta litigiosidad contenciosa en España. Se apuntaba en el Informe de la Sección Especial que la alta litigiosidad solo en parte se debe al propio funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Más relevante que esa razón es el mal funcionamiento de la Administración pública, que produce demasiadas resoluciones no conformes a Derecho (y buena prueba de ello es el abultado número de anulaciones en vía contenciosa). En el Informe de la Sección Especial se proponían varias reformas sobre el funcionamiento de la Administración. Una de ellas era la sustitución de los actuales recursos de alzada y reposición (muy poco eficaces) por recursos administrativos ante órganos colegiados independientes en el seno de la Administración. Esa propuesta entroncaba con la relevante experiencia británica de tribunals administrativos (sobre todo desde 2007). Siguiendo en la misma línea marcada por la Sección Especial de la CGC, a continuación se da cuenta de una experiencia comparada también interesante (y que también puede tener efectos importantes sobre la litigiosidad contenciosa). Se trata de los “Administrative Law Judges”. Continue reading

Acuerdo de creación del CIJA

Los órganos de gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid aprobaron el pasado mes de junio la creación del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa. El acuerdo de creación ha sido publicado en el último Boletín Oficial de la Universidad Autónoma de Madrid, disponible en este enlace.  Muchas gracias a todos los que habéis apoyado este proyecto.

Tribunales económico-administrativos y Justicia Administrativa

En el marco del IX Encuentro de Tribunales Económico-Administrativos Municipales, que ha tenido lugar los días 12 y 13 de junio en el Ayuntamiento de Bilbao, ha habido ocasión para insistir en un debate ya en marcha sobre los tribunales económico-administrativos y la reforma de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Según expuse en el mencionado Encuentro (que se puede seguir a través la correspondiente presentación), el actual borrador de Ley de Eficiencia de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, elaborado por la Comisión General de Codificación para el Ministerio de Justicia, tiene muy en cuenta el modelo de control interno de legalidad a través de órganos administrativos independientes (como los tribunales económico-administrativos). Continue reading

Seminario sobre el incidente de nulidad de actuaciones – Reflexiones previas

Es evidente que la alusión en nuestro ordenamiento jurídico al incidente de nulidad de actuaciones evoca un sinfín de cuestiones que van mucho más allá del mero estudio de la regulación concreta de este instrumento procesal.

La ampliación de su objeto a todos los enunciados en el art. 53.2 CE, que no debería ser otro según el legislador que la protección judicial de los derechos, se produjo como consecuencia de lo que se ha venido denominando la “objetivación del recurso de amparo constitucional”. En efecto, según la exposición de motivos de la LO 6/2007, de 24 de mayo, dicha ampliación del incidente pretendió aumentar el protagonismo del juez ordinario en la protección de los derechos fundamentales. Y es que, antes de la reforma, no era inhabitual que el recurso de amparo constitucional constituyera la primera y única posibilidad de instar por primera vez la protección jurisdiccional de un derecho fundamental cuya lesión se había producido en una resolución judicial irrecurrible. Parecía evidente que este papel de primer garante de los derechos que venía desempeñando el recurso de amparo en algunos casos no era compatible con el objetivo del legislador de introducir modificaciones importantes en el recurso de amparo, tendentes a subrayar su carácter objetivo. La nueva regulación del incidente de nulidad de actuaciones puede ser interpretada como la contrapartida a la objetivación del recurso de amparo. Continue reading