Home » Sin categoría » Sobre la litigiosidad “contencioso-administrativa” en los Estados Unidos

Sobre la litigiosidad “contencioso-administrativa” en los Estados Unidos

Recientemente, desde la creación en el Ministerio de Justicia de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación para la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (2011), se ha empezado a prestar atención a los datos de litigiosidad contencioso-administrativa comparada. El informe elaborado por aquella Sección Especial mostraba que los datos de litigiosidad contenciosa en España son muy superiores a los de Inglaterra (con Gales) y Alemania. También son superiores, aunque en menor proporción, a los de Francia.

Siguiendo esta senda comparativa, en el CIJA hemos intentando cotejar también los datos de España (referidos a 2013, último año con estadísticas judiciales elaboradas) con los de los Estados Unidos de América.

Obviamente, con todas las correcciones comparativas necesarias. El resultado es que las cifras de litigios “contencioso-administrativos” en los Estados Unidos son considerables, incluso algo superiores a las de España. Estas cifras, tantas las relativas a la litigiosidad federal como a la litigiosidad en los distintos estados, son estimaciones propias. Están elaboradas a partir de las memorias estadísticas anuales que elaboran el gobierno federal (disponibles en www.courts.us) y cada uno de los estados federados. Las cifras globales se han formado mediante la extrapolación de las diversas fuentes de información, ya que en los Estados Unidos no existe una fuente estadística única que trate con criterios uniformes la litigiosidad en los tribunales federales y en los estatales. De otro lado, la identificación de los asuntos que, en clave de Derecho español, podríamos denominar “contencioso-administrativos” resulta muy compleja. La mayoría de los asuntos contenciosos de España (los que acceden a la Jurisdicción contenciosa) se localizan en EE.UU en el grupo de los “civil cases” (por oposición a los “criminal cases”). Extrapolando datos de la justicia federal (únicos para los que contamos con un nivel primario de desglose temático de los litigios), se puede estimar que aproximadamente un 25.67 % de los casos civiles contienen una causa “contencioso-administrativa”, pues en ellos es parte un gobierno (federal, estatal o local).

Según estimaciones propias, y con las enormes deficiencias analíticas que hay que reconocer ya de inicio, en el total de los Estados Unidos (y tanto en los tribunales federales como en los estatales) se pueden contabilizar 2.060.232 nuevos casos “administrativos”, en cualquier grado procesal, en 2013. La gran mayoría de estos casos son estatales, y solo 82.214 corresponden a la actuación de la Administración federal (denominados en las estadísticas federales como “U.S. civil cases”). Estas cifras se refieren, claro es, a los 316.128.839 habitantes de EE.UU en 2013. Si llevamos a cabo una extrapolación proporcional de esos datos para la población de España en el mismo año 2013 resultaría un total homogeneizado de litigios administrativos de 311.095 nuevos casos.

Esta cifra homogeneizada es comparable a los datos de España. Según la memoria estadística del Consejo General del Poder Judicial para 2013 la Jurisdicción Contencioso-administrativa ingresó, en los distintos órganos y grados, un total de 191.088 nuevos asuntos. Para poder hacer la comparación con EE.UU a esta cifra habría que agregarle los 74.393 asuntos sobre Seguridad Social ingresados por la Jurisdicción Social (que en los EE.UU se incluyen en los datos “administrativos”). Tendríamos entonces, para España, 265.481 casos “administrativos” totales. Esta es la cifra global que hay que comparar con los 311.095 asuntos “administrativos” de los tribunales norteamericanos.

Es indudable que la extrapolación y clasificación de los datos estadísticos son imperfectas. En primer lugar, porque las correspondencias temáticas son imprecisas. Así, por ejemplo, porque en EE.UU los procedimientos de habeas corpus se incluyen entre los asuntos civiles (y entre los penales en España), o porque en España los asuntos de bienes patrimoniales de la Administración acceden a la jurisdicción civil. De otro lado, hay indicios fundados de que el porcentaje de asuntos “administrativos” en las estadísticas de casos civiles norteamericanos, que aquí hemos considerado como del 25.67 %, es tendencialmente correcto en apelación, pero puede ser sensiblemente inferior en la primera instancia. Desgraciadamente, las estadísticas norteamericanas no ofrecen un nivel de desglose que permita corregir esta posible desviación. Pero aun asumiendo todas las correcciones necesarias, creemos que el resultado final seguiría mostrando una cifra total de pleitos administrativos elevada.

En este punto habría que formular ya alguna hipótesis explicativa sobre el número de litigios “administrativos” en los EE.UU. Esta labor resulta muy compleja, pues son muchas las variables propias del Derecho norteamericano que hay que tener en cuenta. Como primera hipótesis, una de las causas puede estar en una desconfianza social relativamente extendida hacia la objetividad de las autoridades administrativas locales y estatales (no así hacia las federales). Las generalizaciones son aquí muy arraigadas, y desde luego que no todos los estados y gobiernos locales pueden analizarse con este parámetro, por lo demás tan impreciso. Pero sí que es constatable una extendida convicción de que las agencias estatales y los gobiernos locales hacen primar sus objetivos político-administrativos sobre el estatuto y derechos de los particulares (que habrán de defenderse, entonces, antes los tribunales). Esto puede explicar, entre otras cosas, el reciente intento en los estados y grandes ciudades de conseguir más imparcialidad en la actividad resolutiva de la respectiva Administración mediante la creación, en el seno de cada Administración, de los llamados “Administrative Law Judges”. De otro lado, también habría que considerar, como variable explicativa de la litigiosidad administrativa norteamericana, el elevado porcentaje de asuntos de responsabilidad patrimonial por daños, que es una constante en el Derecho norteamericano. Por último, quizá habría que incluir aquí también, como explicación concurrente, la percepción del litigio no como un problema sino como un dato normal de la realidad, paralelo a la propia comprensión de los jueces y tribunales como fuentes primarias de creación del Derecho. Todas estas son, en realidad, primeras aproximaciones explicativas al fenómeno de la alta litigiosidad “administrativa” comparada en los EE.UU. Para más adelante queda el reto de una explicación más precisa de la realidad litigiosa norteamericana.