En mi anterior post en este blog me referí a la conformidad constitucional abstracta del régimen de motivación de las providencias de inadmisión casacional en el nuevo art. 90.4 LJCA. Decía entonces que, en abstracto, la previsión legal de motivación suficiente mediante la simple referencia a una de las cuatro letras del art. 90.4 LJCA es conforme con el art. 24.1 CE. Pero también anunciaba en aquel post que esta conclusión general no es contraria a que, en concretos recursos de casación, la motivación debida deba ser algo más elaborada. Esto es lo que se argumenta en las siguientes líneas. Continue reading
Motivación de las resoluciones de inadmisión en la nueva casación contenciosa (I): constitucionalidad abstracta de la nueva regulación
Una de las claves del nuevo sistema casacional está en el peculiar régimen de motivación de las resoluciones de admisión o inadmisión, que corresponden a la nueva Sección Primera de la Sala. Las admisiones se acuerdan por auto, siempre motivado. Las inadmisiones se acuerdan normalmente por providencia (el auto de inadmisión está reservado para los supuestos tasados de los arts. 88.3 y 89.5 LJCA), con la especial forma de motivación que dispone el art. 90.4 LJCA. De cómo se aplique en la práctica el nuevo régimen de motivación –en especial, la motivación de las providencias de inadmisión- va a depender, en gran medida, el propio sistema casacional. De entrada hay que precisar que no hay contradicción entre el carácter discrecional de la decisión de admisión (o inadmisión) y la exigencia de motivación más o menos extensa. Pues el carácter discrecional de la admisión se refiere a la remisión que la ley procesal hace al tribunal para el régimen legal de la admisión. En cambio, la motivación se refiere a la justificación de dicha decisión, aun siendo libre o no vinculada por criterios legales. En otros términos, el arbitrio o discrecionalidad judicial opera en un plano lógico distinto y compatible con el de la motivación. Continue reading
¿Están protegidos los derechos del contribuyente? Una respuesta empírica basada en el Informe sobre la Justicia Administrativa 2016
El Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid tiene el placer de invitarle al acto “¿Están protegidos los derechos del contribuyente? Una respuesta empírica basada en el Informe sobre la Justicia Administrativa 2016«, que tendrá lugar el jueves 21 de julio, a las 19.00, en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C/Serrano 9-11).
En el acto intervendrán:
- Dña. Silvia Díez Sastre. Directora de Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la UAM y Directora del Informe sobre la Justicia Administrativa 2016.
- D. Santos Gandarillas Martos. Magistrado de la Audiencia Nacional y Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario de la UAM
- D. César Martínez Sánchez. Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario de la UAM y autor del capítulo del informe relativo a la materia tributaria.
Moderará el acto:
- D. Pedro Pedrajas Quiles. Presidente de la sección de Derecho Tributario del ICAM y Profesor Asociado del Máster de Acceso a la Abogacía de CUNEF.
A continuación del acto se servirá una copa de vino español.
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El Informe sobre la Justicia Administrativa 2016 es un estudio elaborado por Silvia Diez Sastre –directora–, César Martínez Sánchez –coordinador–, Alfonso Egea de Haro, Alicia González Alonso (UAM) y Fernando Pastor Merchante (IE Universidad). El Informe está disponible en este enlace.
Presentación del Informe sobre la Justicia Administrativa 2016
El próximo lunes 20 de junio tendrá lugar la presentación del Informe sobre la Justicia Administrativa 2016, disponible en este enlace. La presentación se celebrará en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a las 18.30h. En el acto intervendrán:
- D. Benigno Pendás García. Director del CEPC
- D. Wenceslao Olea Godoy. Vocal del CGPJ
- D. Luis María Díez-Picazo Giménez. Presidente de la Sala 3ª del TS
- Dña. Sonia Gumpert Melgosa. Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
- Dña. Yolanda Valdeolivas García. Decana de la Facultad de Derecho de la UAM
- Dña. Silvia Díez Sastre. Directora del CIJA-UAM y Directora del Informe
¿Los tribunales de recursos contractuales son órganos jurisdiccionales?
Recientemente la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es órgano jurisdiccional a efectos de plantear cuestión prejudicial conforme al artículo 267 TFUE. El Tribunal procede, por tanto, a resolver la cuestión prejudicial que interpuso dicho órgano nacional en el marco de un recurso especial en materia de contratación pública. El litigio enfrentaba al Consorci Sanitari del Maresme y la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Al Tribunal de recursos contractuales catalán le preocupaba determinar, fundamentalmente, si una Administración pública puede considerarse operador económico y, por tanto, si se le puede negar el acceso al sistema de clasificación empresarial. De forma resumida puede decirse que el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la primera pregunta y de forma negativa a la segunda. Posteriormente, remite al órgano nacional la responsabilidad de resolver el asunto concreto. Pero más allá de esa respuesta, parece trascendente analizar por qué el Tribunal de Justicia entiende que un órgano nacional de recursos contractuales es órgano jurisdiccional a la luz del Derecho de la Unión Europea y puede plantear una cuestión prejudicial. Veamos cuáles son los argumentos que ha utilizado para justificar esta decisión. Continue reading