La Universidad Autónoma de Madrid acogió el 20 de noviembre de 2015 una nueva edición del Seminario sobre la Justicia Administrativa, en la que se abordó la reforma llevada a cabo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, con la que el legislador pretendía reforzar los poderes de ejecución de este órgano constitucional. Alicia González Alonso, directora del Seminario, destacó la conveniencia de realizar una reflexión sosegada sobre su necesidad y constitucionalidad, una vez transcurrido un mes desde la publicación de dicho cambio normativo y no mucho más desde su anuncio, atendiendo a su rápida tramitación parlamentaria. Y dicha reflexión era tanto o más oportuna teniendo en cuenta el complejo contexto jurídico-político generado en nuestro país tras la celebración de las elecciones autonómicas catalanas y del que ha sido muestra, indubitada, la declaración independentista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015. Continue reading
Derecho comparado
La justicia administrativa en materia contractual: el sistema de recursos y las nuevas directivas de contratación pública
Las nuevas Directivas de contratación pública (23, 24 y 25 de 2014, de 26 de febrero), obligan a repensar el sistema de justicia administrativa contractual que se implanta con la Ley 34/2010, de 5 de agosto, —de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa— de forma compleja y enrevesada, por su difícil encaje en el sistema general de justicia administrativa de nuestro ordenamiento jurídico. Continue reading
Los “Administrative Law Judges” norteamericanos: imparcialidad administrativa y control judicial
Hace ahora aproximadamente un año, la Sección Especial para la reforma de la Jurisdicción Contenciosa, creada en la Comisión General de Codificación (Ministerio de Justicia), puso de relieve la alta litigiosidad contenciosa en España. Se apuntaba en el Informe de la Sección Especial que la alta litigiosidad solo en parte se debe al propio funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Más relevante que esa razón es el mal funcionamiento de la Administración pública, que produce demasiadas resoluciones no conformes a Derecho (y buena prueba de ello es el abultado número de anulaciones en vía contenciosa). En el Informe de la Sección Especial se proponían varias reformas sobre el funcionamiento de la Administración. Una de ellas era la sustitución de los actuales recursos de alzada y reposición (muy poco eficaces) por recursos administrativos ante órganos colegiados independientes en el seno de la Administración. Esa propuesta entroncaba con la relevante experiencia británica de tribunals administrativos (sobre todo desde 2007). Siguiendo en la misma línea marcada por la Sección Especial de la CGC, a continuación se da cuenta de una experiencia comparada también interesante (y que también puede tener efectos importantes sobre la litigiosidad contenciosa). Se trata de los “Administrative Law Judges”. Continue reading